Tras un proceso judicial intenso, la justicia tucumana dictó la pena máxima para el responsable del crimen de Gabriela Arroyo. La Fundación María de los Ángeles, a través de su equipo legal, acompañó a la familia de la víctima como parte querellante durante todo el juicio.
El Poder Judicial de Tucumán emitió una sentencia ejemplar en la causa por el femicidio de Gabriela Arroyo, la joven tucumana cuya vida fue arrebatada en un contexto de violencia de género que conmocionó a la provincia. El tribunal resolvió condenar a la pena de prisión perpetua a Rocha Oscar Alberto, considerando la gravedad de los hechos y el agravante del vínculo y el género.
Desde el inicio del proceso, la Fundación María de los Ángeles asumió un rol protagónico en la defensa de los derechos de la víctima y el apoyo incondicional a su familia. El equipo jurídico de la institución, representado por los abogados Melanie Ríos Seglis y Antonio Lucena, trabajó minuciosamente en la presentación de pruebas y testimonios clave que permitieron demostrar la responsabilidad penal de Rocha ante el tribunal.
Un proceso con perspectiva de género
Durante las audiencias, la querella de la Fundación hizo hincapié en la necesidad de juzgar con perspectiva de género, visibilizando los ciclos de violencia previos que sufrió Gabriela. Los abogados Ríos Seglis y Lucena destacaron que esta sentencia no solo trae un cierre legal para la familia, sino que sienta un precedente necesario en la lucha contra los femicidios en la región.
“Este fallo es un acto de justicia necesario para Gabriela y su familia. Lograr la pena máxima reafirma que el Estado y las instituciones no pueden ser indiferentes ante la violencia de género”, explicó la abogada Rios Seglis tras conocerse el veredicto que halló culpable a Rocha Oscar Alberto por el delito de homicidio doblemente agravado.
El compromiso de la Fundación
La participación de la Fundación en esta causa forma parte de su misión integral de asistencia legal y acompañamiento a víctimas de violencia. En casos de femicidio, la institución no solo busca la sanción del culpable, sino también garantizar que los familiares de las víctimas reciban la contención necesaria para enfrentar el proceso judicial.
Con esta sentencia, se cierra una etapa de dolorosa búsqueda, reafirmando el compromiso de la institución que preside Susana Trimarco en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
